En la política argentina hay temas que se discuten en los salones de la Casa Rosada con aire acondicionado y hay temas que se discuten con barro hasta los tobillos. Leandro Zdero, gobernador del Chaco, se encuentra en el segundo grupo. Su provincia, según los datos más recientes, tiene más del 60% de la población sin acceso a red cloacal y una parte significativa sin agua potable. Y mientras en Buenos Aires se habla de inflación y ajustes fiscales, en el Chaco se habla de cómo conseguir que el grifo funcione.
La crisis hídrica en la región chaqueña no es nueva. Es un problema estructural que atraviesa varios gobiernos provinciales y nacionales. El informe de CAMARCO señala que el 65% de la población servida en el país se abastece con sistemas que ya superaron su vida útil. En el Chaco, esa cifra es probablemente mayor. Las redes existentes tienen más de 50 años de antigüedad en muchos casos, lo que significa tuberías corroídas, filtraciones constantes y pérdidas que podrían alcanzar millones de dólares en valor depreciado.
Zdero ha hecho del reclamo por infraestructura hídrica un eje de su gestión. No es casualidad. En las provincias del norte argentino, donde el agua es recurso escaso y la población está dispersa en territorios amplios, la falta de redes adecuadas se traduce directamente en problemas de salud pública. Las enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada o la ausencia de saneamiento afectan principalmente a niños y ancianos, los sectores más vulnerables de cualquier comunidad.
Agua que no hay, agua que se va: la crisis invisible que nos cuesta 70 millones diarios
Zdero en una seca encrucijada
El costo de esta inacción es brutal. El país pierde 70 millones de dólares por día debido al deterioro de la infraestructura. Si aplicamos ese porcentaje proporcional al Chaco, estamos hablando de pérdidas millonarias que se reflejan en menor productividad económica, mayor gasto en salud pública y menor calidad de vida para los habitantes. Zdero lo sabe y por eso insiste en que se necesitan planes plurianuales que garanticen la sostenibilidad de los servicios básicos.
La solución técnica existe, pero falta la voluntad política. La Asociación Argentina del PVC destaca que las tuberías de este material pueden superar los 100 años de vida útil. Imaginar una inversión que dure cien años en una provincia donde los gobiernos duran cuatro es un desafío. Pero es justamente ahí donde la política debería mostrar su verdadera cara: priorizando obras que trasciendan las administraciones inmediatas.
En reuniones con el gobierno nacional, Zdero ha planteado la necesidad de financiamiento internacional mediante créditos del BID, Banco Mundial y CAF. Son recursos que existen, pero que requieren proyectos viables y estructura institucional sólida para gestionarlos. El problema es que en Argentina, la burocracia suele ser más lenta que las necesidades de la población.
Mientras tanto, los chaqueños siguen esperando. No por una gestión de emergencia, sino por una política de estado. El agua potable y el saneamiento no deberían ser temas de campaña electoral, deberían ser derechos garantizados independientemente de quién gobierne. Y en el Chaco, con Zdero al frente, ese debate se hizo más urgente que nunca.
