Hay crisis que se ven, como las que salen en las noticias con pancartas y fotos de gente peleando en la puerta de un ministerio. Y hay crisis que no se ven, como la que tenemos bajo nuestros pies, en las cañerías que se pudren desde hace décadas, en las redes que explotan cuando llueve, en los servicios que simplemente no funcionan porque alguien decidió que era más barato arreglar después que mantener ahora. Argentina lleva años pagando la factura de una deuda hídrica que no aparece en los balances oficiales pero que se cobra cada vez que abrís el grifo y sale tierra, cada vez que entrás a tu casa y no tenés cloacas, cada vez que tu hijo se enferma porque el agua no está tratada.
El diagnóstico viene de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y es brutal: el país pierde 70 millones de dólares por día debido al desgaste y la falta de mantenimiento de sus activos de infraestructura. Setenta millones. Cada día. Eso da 25.000 millones de dólares por año. Para ponerlo en contexto, es más que lo que Argentina gasta anualmente en educación pública. Es más que lo que se destinó al plan social durante los últimos dos años. Es una pérdida pura que no genera nada, que no mejora la vida de nadie, que simplemente se evapora en fugas, roturas, reparaciones de emergencia y obras que duran lo que dura un gobierno.
El valor que desapareció
Jorge Núñez, especialista en agua y saneamiento que lleva años estudiando el tema, tira un número que debería aparecer en los titulares todos los días: el valor de reposición de toda la infraestructura nacional de agua y saneamiento asciende a más de 156.000 millones de dólares. El valor actual, después de años de postergación sistemática, es de apenas 60.400 millones. La diferencia es el capital perdido: un 61% de depreciación. O sea que por cada cien pesos que invertimos en redes hídricas hace cincuenta años, hoy solo quedan sesenta. El resto se fue en corrosión, filtraciones, roturas y la famosa «gestión de la emergencia constante» que mencionan los expertos.
Lo más grave no es el número en sí, sino lo que implica: el 65% de la población que tiene servicio de agua se abastece con sistemas que ya superaron su vida útil. Pensemos qué significa eso en criollo: más de 26 millones de personas viven conectadas a redes que deberían haber sido reemplazadas hace décadas. Y cuando algo funciona después de su vida útil, no es un milagro, es un préstamo que eventualmente hay que pagar con intereses. En este caso, los intereses son inundaciones, cortes de servicio, enfermedades y costos de reparación que multiplican por diez lo que hubiera costado el mantenimiento preventivo.
La brecha que divide al país
La desigualdad territorial del problema es tan evidente como ignorada. El mismo informe de CAMARCO identifica que mientras en CABA la cobertura cloacal supera el 89%, en provincias como Chaco, Formosa y Misiones más del 60% de la población no cuenta con este servicio. Buenos Aires, particularmente el conurbano, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Misiones son las jurisdicciones con mayores necesidades combinadas de agua y cloacas.
Dieciocho millones quinientas mil personas no tienen red cloacal. Dieciocho millones quinientas mil. En pleno siglo veintiuno, en un país que se dice moderno, el cuarenta por ciento de la población no tiene acceso al saneamiento básico. Veintiuno por ciento de la población no tiene agua potable. Y el veintiséis por ciento de los líquidos cloacales no recibe tratamiento alguno, terminando en ríos, arroyos y napas freáticas que después usamos para regar, beber o bañarnos. No es teoría, es la realidad de millones de hogares que se enfrentan con esta situación todos los días.
La solución existe y ya viene de hace tiempo
En medio de este panorama desolador, hay una nota de esperanza técnica que se pierde en la discusión política. La Asociación Argentina del PVC (AAPVC) señala que el uso de cañerías de Policloruro de Vinilo representa una solución eficiente para modernizar los sistemas de agua y saneamiento. Y no es ninguna novedad tecnológica revolucionaria: ya desde la década de 1930 existen antecedentes de instalaciones de redes de agua potable en PVC en Alemania, cuyo desempeño sostenido en el tiempo respalda la aptitud del material para este uso sanitario crítico.
Las tuberías de PVC pueden superar los 100 años de vida útil. Cien años. Imaginate invertir en infraestructura que dure cien años en un país donde los gobiernos duran cuatro. El PVC no se corroe ni se oxida, mantiene su integridad estructural frente a agentes químicos y biológicos, su superficie interior lisa previene incrustaciones y garantiza flujo constante, requiere menos energía para su producción que otros materiales y es 100% reciclable. Miguel García, director de la AAPVC, lo resume perfecto: «El PVC es mucho más que un material de construcción; es un facilitador de derechos».
La cuenta que nunca se cierra
Fernando Lago, director del Área de Pensamiento Estratégico de CAMARCO, enfatiza que evitar el deterioro anual del capital es estratégico. Y tiene razón, pero estratégico para quién. Porque en la práctica, la cuenta que nunca se cierra es la que pagan los usuarios con facturas más caras, con cortes de servicio, con enfermedades prevenibles, con propiedades dañadas por inundaciones. La inversión necesaria para mantener la red hídrica en condiciones óptimas se estima en 3.000 millones de dólares anuales. Tres mil millones. Un monto que actualmente no se ejecuta.
La pandemia evidenció dramáticamente esta situación. Cuando el mundo entero hablaba de lavado de manos y medidas básicas de higiene, sectores vulnerables de Argentina no tenían acceso a agua potable. Ese fue el momento cumbre del problema: una crisis sanitaria global donde faltaba el recurso más básico para enfrentar la amenaza. Y aun así, no hubo el giro de timón que necesitábamos.
Lo que necesitamos es política de estado, no obra publicitaria
Los actores del sector han propuesto acciones clave que deberían estar en el consenso mínimo de cualquier gobierno: planificación a largo plazo con horizonte de 50 años, marco institucional sólido que unifique gestión y normativa, financiamiento internacional mediante créditos del BID, Banco Mundial y CAF, e incorporación de tecnologías modernas como el PVC en las redes hídricas. Pero en la Argentina, el horizonte político suele ser cuatro años, el consenso es mínimo y el financiamiento internacional es materia de negociaciones que se pierden en burocracia.
La «infraestructura invisible» es el cimiento sobre el cual se construye el bienestar de la sociedad. Su abandono es una hipoteca que pagarán las futuras generaciones. Transformar este diagnóstico en acción requiere voluntad política, seguridad jurídica y el compromiso ineludible de todos los actores involucrados. Pero sobre todo, requiere dejar de ver el agua como un servicio más y empezar a entenderla como un derecho fundamental que no puede esperar a que «vayan tiempos mejores».
Mientras se discuten aranceles textiles, inflación mensual y acuerdos comerciales con potencias extranjeras, hay 18,5 millones de argentinos que viven sin cloacas. Y esa es la verdadera prioridad que no aparece en ninguna agenda política. Porque al final, el dinero que se pierde en 70 millones de dólares diarios por falta de mantenimiento no es un problema contable: es un problema humano. Y los humanos, a diferencia de las estadísticas económicas, no pueden esperar a que «vayan tiempos mejores».
