Hay gobernadores en la Argentina que gobiernan. Y hay gobernadores en la Argentina que son el gobierno. Gildo Insfrán pertenece a la segunda categoría. Lleva desde 1991 en el poder de Formosa, con algunas pausas de cortas y estratégicas para no violar la literalidad constitucional, y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación se metió en la historia para, al menos en apariencia, ponerle un techo al reloj del tiempo formoseño. El 20 de agosto, el máximo tribunal declaró su competencia originaria e inició formalmente la intervención para analizar la cláusula constitucional que permitiría a Insfrán buscar —sí, no es broma— un noveno mandato.
Noveno. Noveno mandato. No octavo. Noveno. Porque en Formosa, la reelección no es un derecho, es una tradición cultural, algo así como el mate o el asado del domingo: se hace siempre, no se discute, y quien la discute sale a la vereda opuesta. El tribunal consideró que «la prolongada permanencia de Insfrán en el poder atenta contra la alternancia, favorece la concentración de poder y deteriora los» —y ahí el texto se corta, pero todos sabemos cómo termina: «los principios democráticos». Palabras bonitas, con la solemnidad del pergamino, que en la práctica significan que la Corte va a tardar entre seis meses y dos años en dar un fallo de fondo. Mientras tanto, Insfrán sigue.
El dato que le da color a esta historia es el contraste entre el expediente judicial y la agenda del gobernador. El 17 de agosto, mientras en la Corte los ministros revisaban jurisprudencia constitucional sobre reelecciones, Insfrán encabezó el acto conmemorativo del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Padre. El 25 de agosto, el Instituto de Pensiones Sociales publicó el cronograma de pagos de agosto con la foto del gobernador repartiendo cheques. El vencimiento por ventanilla es el 23 de septiembre. En Formosa, mientras tanto, el calendario político se mide en ciclos de Insfrán, no en años.
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La pregunta que queda flotando es qué va a pasar con el fallo. Si la Corte le dice «no puede», Insfrán tiene dos opciones: obedecer (algo que en Formosa equivale a un milagro) o desobedecer y ver si el sistema de justicia provincial, que también le pertenece, le pone el candado. Si le dice «puede», se convierte en el precedente más longevo de la democracia argentina y cada gobernador del país va a querer copiar la cláusula. El resultado, en cualquiera de los dos escenarios, es un país que se pregunta qué es eso de la «inamovilidad» y qué es eso de la «alternancia», conceptos que en la Constitución existen pero en la práctica se los lleva el viento.
Lo más picante del caso no es la Corte ni es la cláusula. Es que nadie, en ningún bloque político nacional, en ninguna central de trabajadores, en ningún medio de comunicación con pretensión de independencia, se haya planteado públicamente: «bueno, ¿y si Insfrán no puede reelegirse más?» La pregunta no se hace. Se asume, como quien asume que el sol sale por el este. Y mientras se asume, el expediente sigue su curso burocrático, con audiencias, con informes periciales, con votos en disidencia y con la paciencia de un tribunal que sabe que, aunque diga «no», Formosa va a seguir siendo Formosa.
El 18 de agosto, la Corte emitió su resolución. El 25 de agosto, Insfrán firmó el cronograma de pensiones. El 26, en el Congreso nacional, se discutía el Presupuesto 2026. Y en Formosa, el pueblo siguió votando a Insfrán. No porque no tenga alternativa. Sino porque en Formosa, la alternativa no existe. O al menos, no ha existido hasta ahora. Y el «hasta ahora», en política provincial, es una cláusula que se renueva cada cuatro años con la misma puntualidad que la marea.
La Corte tiene su tiempo. La Constitución tiene sus artículos. Pero Formosa tiene a Insfrán. Y mientras esos tres elementos no coincidan, el expediente va a seguir abierto, la cláusula va a seguir vigente, y el noveno mandato va a seguir siendo una posibilidad matemática. Lo que nadie puede calcular es cuánto le queda al reloj. Porque en Formosa, el tiempo corre en otra dirección.
