En Santa Rosa de los Pastos Grandes, a más de 3.700 metros de altura, la comunidad kolla tiene una preocupación que no figura en ninguna planilla de inversiones: el agua que sale de la canilla. A pocos kilómetros, Ganfeng Lithium prepara uno de los proyectos de litio más grandes del planeta. Y antes de que alguien arranque con el sermón antiextractivista, aclaremos: acá nadie está en contra del litio. La pregunta es otra. ¿Alguien en el Estado leyó el currículum de la empresa antes de darle la llave?
Porque el currículum existe, y es largo. La compañía con sede en Xinyu, provincia china de Jiangxi, acumula por el mundo denuncias, sanciones, arbitrajes y alguna que otra causa penal. Nada de eso prueba que vaya a arruinar Pastos Grandes. Pero alcanza para que en la Puna nadie se conforme con una gacetilla y una foto con casco.
Jujuy, o el arte de consultar sin consultar
El primer antecedente queda a la vuelta. En 2019, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) analizó los proyectos de los salares de Olaroz-Cauchari, entre ellos el de Minera Exar, donde Ganfeng tenía entonces el 37,5%. Conclusión: ni Minera Exar ni Sales de Jujuy hicieron una consulta libre e informada con las comunidades indígenas, y el proceso no estuvo libre de influencias. A los comuneros ni siquiera les dieron acceso a los estudios técnicos sobre el riesgo para el agua.
Dato de contexto: era 2019, con Mauricio Macri en la Rosada y Gerardo Morales en la gobernación jujeña, dos dirigentes que hablaban mucho de calidad institucional. La consulta previa, se ve, quedó para otro mandato.
El tema escaló hasta la Corte Suprema. En marzo de 2023, ya con Alberto Fernández en Balcarce 50 para que nadie se sienta excluido, comunidades de Salinas Grandes y FARN demandaron a Salta, Jujuy y la Nación por los permisos otorgados en varios salares, Cauchari incluido. El tribunal no se metió en el fondo, pero les dio 30 días a los gobiernos para entregar permisos, información de las empresas y denuncias ambientales. Y dejó una fórmula que debería estar tallada en cada oficina de minería: in dubio pro agua.
Lo notable no es el latín. Es que haya hecho falta la Corte para que tres gobiernos mostraran papeles que, en teoría, tenían que estar arriba del escritorio.
Hoy Ganfeng controla el 46,7% de Cauchari-Olaroz. El camino hasta ahí tampoco fue un paseo: un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos la acusó de presuntas prácticas comerciales abusivas para presionar a la canadiense Lithium Americas y quedarse con la mayoría de Minera Exar. Washington no es árbitro neutral cuando el apellido es chino, pero la acusación consta.
El RIGI, ese filtro con una sola pregunta
Acá viene la parte que más debería incomodar en la Casa Rosada actual. Ganfeng tiene el honor de haber sido la primera empresa rechazada por el RIGI. En 2025, el gobierno de Javier Milei le bochó el proyecto Mariana. ¿Por lo de Jujuy? ¿Por la multa en China? No: porque ya estaba en producción y no cumplía con las inversiones mínimas.
O sea, el filtro revisa planillas con precisión suiza y no hace una sola pregunta sobre trayectoria. El régimen es una buena herramienta para atraer capital y no es el problema. El problema es un Estado que mira si los números cierran pero no quién los firma, y que termina delegando el control en las ONG y en la Corte. La empresa, por supuesto, no se fue: rearmó la estrategia y ahora vuelve con Pozuelos–Pastos Grandes.
Presupuesto 2027: le sube la ficha a la minería pero no le pone las rutas
En General Güemes, donde opera su planta de cloruro de litio, la filial Litio Minera Argentina salió en diciembre de 2024 a desmentir despidos y un derrame de ácido clorhídrico. Su versión: los trabajadores eran de una contratista y el derrame, del 18 de junio de 2024, ocurrió en otra firma del parque industrial. Puede ser cierto. Lo llamativo es que, otra vez, la aclaración la dio la empresa y no un organismo de control con datos propios.
La gira internacional
En México, tras la nacionalización del litio en 2022, el gobierno canceló nueve concesiones de Ganfeng, entre ellas la de Bacadéhuachi, en Sonora, por bajo nivel de inversión. En junio de 2024, la empresa llevó a México al CIADI junto con las británicas Bacanora Lithium y Sonora Lithium. Según el CICDHA, el proyecto apuntaba a depósitos de arcilla sin antecedentes de explotación comercial viable, en un país sin normas específicas para el litio. Ni el Estado ni la empresa salen elegantes de esa foto.
En Malí, la mina de Goulamina quedó atrapada en la reforma minera de la junta militar. Para destrabarla, el socio australiano Leo Lithium firmó en 2024 un acuerdo que incluyó un pago de US$ 60 millones, financiado con la venta de un 5% adicional a Ganfeng por US$ 65 millones. Poco después, Leo Lithium se fue por razones de seguridad y le vendió su 40% restante. Moraleja: cuando todos se van, Ganfeng se queda. Temple empresario o apetito de riesgo, según quién lo mire.
En casa tampoco es todo armonía
En China, el problema es de gobierno corporativo. En 2024 la Comisión Reguladora de Valores la multó con 3,32 millones de yuanes, y la empresa reconoció haber operado en 2020 acciones de Jiangxi Special Electric Motor con información privilegiada, con ganancias ilegales de 1,1 millones de yuanes. En enero de 2026 admitió que podría enfrentar cargos penales por otro caso similar, que la policía de Yichun giró a la fiscalía. Las acciones llegaron a caer un 5,8% en Hong Kong.
Y está Xinjiang. En 2022 se asoció con la estatal Xinjiang Geology and Mineral Investment para explorar litio y otros metales en la región donde se denuncia trabajo forzado de uigures. No hay acusaciones directas contra Ganfeng, pero BMW, uno de sus clientes, dijo que ni siquiera le habían informado del proyecto. La empresa contestó que la exploración estaba en etapa temprana.
Litio sí, a ciegas no
Para ser justos: en mayo de 2026, cuando el CICDHA, FARN y otras organizaciones revisaron diez proyectos de litio con capital chino en la región, Ganfeng fue la única empresa china que respondió a Mongabay. Dijo tener un plan de manejo ambiental integral y cumplir la normativa. En un rubro donde el silencio es política corporativa, algo es algo.
La cuestión no es si Ganfeng es buena o mala, ni litio sí o litio no. Es si Salta y la Nación van a controlar con datos públicos y técnicos independientes, o si van a repetir el libreto jujeño: consulta de trámite, papeles que aparecen cuando la Corte los pide y comunicados de la empresa como única fuente. El negocio puede esperar una auditoría. El agua del desierto más alto del mundo, una vez que se va, no vuelve.
