El Gobierno que se saca una foto con Donald Trump cada vez que puede aprobó en julio el ingreso al RIGI de una empresa estatal china que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene en su lista negra por trabajo forzoso. Se llama Zijin Mining, explota litio en el salar de Tres Quebradas, en Fiambalá, y viene con una inversión de US$709 millones y un prontuario que haría ruborizar a cualquier auditor ambiental. En este medio no vamos a pedir que se vaya nadie: la minería es una de las pocas cosas que funcionan en la Argentina. La pregunta es otra. ¿Quién controla a la minera?
Quién es el nuevo socio
Zijin no es una pyme de Fujian con ganas de diversificar. Cotiza en Shanghái y Hong Kong, emplea a unas 65.000 personas y en 2025 facturó cerca de US$49.000 millones. Su principal accionista, con el 24%, es una sociedad controlada por el gobierno del condado de Shanghang. Traducido: el capital privado que tanto entusiasma a la Casa Rosada es, en este caso, capital del Partido Comunista Chino con otra corbata.
Llegó al país en 2021, cuando compró la canadiense Neo Lithium, dueña original de Tres Quebradas. Gobernaba Alberto Fernández, que tampoco le hizo demasiadas preguntas. Opera a través de su subsidiaria Liex, inauguró la planta en septiembre de 2025 con capacidad para 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio, y en julio de 2026 la Resolución 1153/2026 le abrió la puerta a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por décadas.
Es decir: dos gobiernos que no coinciden ni en la hora coincidieron en algo. A Zijin, alfombra roja.
El prontuario que nadie leyó
En julio de 2010, la fundición de la mina Zijinshan vertió unos 9.100 metros cúbicos de aguas residuales con ácido de cobre en el río Ting. Murieron 1.890 toneladas de peces. La empresa tardó diez días en informarlo y varios funcionarios de la planta terminaron detenidos por no reportarlo a tiempo. Dos meses después colapsó una represa de la mina de estaño Yinyan, operada por una subsidiaria en Guangdong: al menos 22 muertos. Zijin aceptó que hubo violaciones de normas de seguridad y pagó 50 millones de yuanes para la reconstrucción.
En Serbia, donde compró en 2018 el 63% del complejo de cobre de Bor, el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes registró niveles de dióxido de azufre superiores a 2.000 microgramos por metro cúbico, contra un máximo permitido de 350. El Estado serbio la multó en 2020 con el equivalente a entre 12.000 y 25.000 euros. Calderilla. En agosto de 2025, dos relatores especiales de la ONU le escribieron al gobierno serbio y a la empresa por la situación en la aldea de Krivelj, y una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de los Balcanes denunció en 2021 casos de trabajo forzoso de obreros chinos, aunque sin resolución judicial.
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El detalle más elocuente: cuando la prensa serbia le hizo preguntas, la compañía mandó a los periodistas a hablar con la embajada china. Un estilo de comunicación corporativa que en Catamarca, como veremos, encontró terreno fértil.
La contradicción libertaria
En enero de 2025, Washington incluyó a Zijin y a dos filiales en Xinjiang en la lista de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur. Sus productos tienen prohibido entrar a Estados Unidos. Seis meses después, el gobierno de Javier Milei, el aliado más entusiasta que tiene Trump en el hemisferio, le firmó el RIGI.
No hay ilegalidad en eso: el régimen evalúa montos de inversión, no prontuarios. Pero resulta curioso que el mismo espacio que en campaña prometía no hacer negocios con comunistas termine garantizándole estabilidad cambiaria por décadas a una estatal china sancionada por su socio estratégico. El pragmatismo, cuando conviene, tiene muy buena prensa en Balcarce 50.
Catamarca: el Estado que multa pero no explica
Acá está el verdadero agujero. Tres Quebradas está en una zona protegida por la ley provincial 5.070 y forma parte de la red Ramsar de humedales de importancia internacional, con seis lagunas altoandinas donde vive el flamenco andino. Uno supondría que eso implica controles de primer nivel.
En noviembre de 2022, la Policía Minera clausuró la planta de Liex. El gobierno de Raúl Jalil nunca explicó oficialmente por qué; fuentes locales lo atribuyeron a irregularidades en el manejo de residuos y en seguridad e higiene. Cuatro años después, seguimos esperando el comunicado. Transparencia estilo embajada.
El 25 de marzo de 2026, un camión de la empresa cargado de salmuera volcó a unos 50 metros de una vivienda rural en Chaschuil. Los vecinos denunciaron que el líquido llegó al río al día siguiente. El 17 de abril, el Ministerio de Minería provincial le aplicó una multa de $254,1 millones y un apercibimiento por exceso de velocidad, falta de prevención de derrames y capacitación insuficiente. El informe oficial calificó el impacto de acotado, transitorio y reversible. La empresa no dijo nada.
Para un grupo que factura casi 50.000 millones de dólares al año, esa multa es menos que un error de redondeo. Mientras tanto, la Asamblea Fiambalá Despierta denuncia que no hubo consulta previa, que la audiencia pública de 2021 estuvo armada y que el agua escasea en una zona donde ya limita la producción agrícola y vitivinícola.
La empresa, por su lado, exhibe 565 empleos directos, el 80% ocupado por catamarqueños, y una línea eléctrica de US$22 millones para Fiambalá. Son números reales y no menores. Su presidente, Chen Jinghe, prometió que Tres Quebradas será una referencia global de litio ecológico. Ojalá. Pero las promesas de los presidentes de empresas suelen valer lo mismo que las de los presidentes a secas.
Lo que el RIGI no mira
Con el régimen, Zijin consigue estabilidad por décadas y una segunda fase que estira la vida útil del yacimiento hasta 2043. Lo que no consigue Catamarca, al menos por ahora, es una estructura de control a la altura del inversor que se trajo.
El problema nunca fue el litio ni el capital extranjero. El problema es un Estado nacional que firma beneficios sin mirar antecedentes y un Estado provincial que clausura sin explicar y multa con montos que no asustan a nadie. Bor ya mostró cómo termina esa película: sanciones simbólicas, controles débiles y una ciudad convertida en lo que los organismos de derechos humanos llaman zona de sacrificio.
Catamarca todavía está a tiempo de escribir otro final. Para eso alcanzaría con algo muy poco revolucionario: que el que controla, controle.
