Hay una buena noticia adentro del Presupuesto 2027 y hace falta decirla sin vueltas: el Gobierno reconoce que la minería es uno de los motores de generación de divisas que tiene la Argentina, con 6.000 millones de dólares exportados en 2025, y sostiene el andamiaje de incentivos que permitió que el sector empezara a despegar en serio. El gasto tributario de la Ley de Inversiones Mineras 24.196 sube a 89.820 millones de pesos, un 24,8% más que este año. Eso es plata que el Estado deja de cobrar para que un proyecto de litio, cobre u oro se termine haciendo acá y no en Chile o en Perú. Bien.
El problema no es la apuesta. El problema es que apostar en serio significa bancar toda la jugada, y ahí el proyecto empieza a hacer agua.
El RIGI funciona, pero nadie sabe cuánto cuesta
El RIGI ya tiene 22 proyectos aprobados por casi 50.000 millones de dólares en el agregado multisectorial y otros 23 en evaluación, con iniciativas mineras enfocadas en oro, plata, cobre, litio, carbonato e hidróxido de litio. Es, hasta ahora, la política de largo plazo más consistente que tuvo el sector en años, y la que le dio previsibilidad a inversores que antes miraban a la Argentina con un ojo puesto en la salida.
Pero el propio Gobierno admite que no puede estimar el gasto tributario del RIGI para 2027 porque los desembolsos están en fase inicial. Entendible como explicación técnica, pero incómodo como antecedente: un país que discute cada punto de déficit no debería resignarse tan campante a no poder decir cuánto le cuesta su propia política estrella. Si el RIGI es tan bueno como parece —y todo indica que lo es—, más razón para poder explicarlo con números y no con un encogimiento de hombros.
SEGEMAR: la plata entra, pero entra mal repartida
El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) recibe una suba nominal del 24,3%, hasta 19.054 millones de pesos. El detalle incómodo es la composición: 15.358 millones van a remuneraciones y apenas 1.096 millones a inversión real directa. Un organismo que debería estar generando la información geológica que necesita cualquier empresa antes de poner un peso en el suelo argentino crece casi todo en planta y casi nada en capacidad técnica real.
No es un capricho: mapear el subsuelo, actualizar cartas geológicas y sostener estudios de base es exactamente el tipo de trabajo estatal que reduce el riesgo de la inversión privada y acelera los tiempos de desarrollo de un proyecto. Si el objetivo declarado es que la minería sea motor exportador, SEGEMAR necesita más músculo técnico, no solo más sueldos.
Las rutas al yacimiento: el capítulo que no está
Acá aparece el agujero más serio del proyecto. El Presupuesto 2027 no asigna una sola partida específica para infraestructura logística, obras hídricas, redes eléctricas o accesos viales a los yacimientos. La decisión es delegar ese financiamiento en capitales privados o en los gobiernos provinciales.
En teoría no suena descabellado: el sector privado puede y debe poner plata en la infraestructura que necesita su propio negocio. Pero hay una diferencia entre que la empresa financie el camino interno a su mina y que el Estado nacional se lave las manos frente a rutas, tendidos eléctricos y obras hídricas que exceden a un solo proyecto y benefician a toda una región productiva. Provincias como San Juan, Catamarca o Jujuy tienen la geología a favor pero no tienen presupuesto propio para pavimentar cien kilómetros de cordillera. Si esa infraestructura no aparece, ni el mejor régimen de incentivos alcanza para que los proyectos bajen de la carpeta a la producción.
Un capítulo compartido que diluye la prioridad
El Presupuesto agrupa a la minería junto con energía y combustibles en una única función de 6,966 billones de pesos, el 3,4% del gasto total de la Administración Nacional. La mayor parte de esa partida está copada por subsidios energéticos, la asistencia a CAMMESA y las políticas de hidrocarburos, con la minería viajando de acompañante en un capítulo que en los hechos no es el suyo.
El mensaje económico proyecta para 2027 un crecimiento del PIB del 4%, una suba de la inversión del 9,2% y un superávit comercial de 15.560 millones de dólares, pero no desagrega ninguna meta específica para el sector minero dentro de esos números. Es una omisión llamativa para una actividad que el propio Gobierno señala como uno de los pilares de las exportaciones futuras.
La cuenta pendiente
Nada de esto invalida el rumbo. El RIGI y el sostenimiento del régimen de incentivos mineros son, comparados con la volatilidad regulatoria de gestiones anteriores, un paso correcto y necesario para consolidar un sector que puede cambiarle la balanza comercial al país. Pero un Estado que quiere capitalizar ese boom no puede limitarse a firmar exenciones impositivas y cruzar los dedos para que las provincias y los privados resuelvan solos el resto.
Si la minería es de verdad una prioridad estratégica —y la evidencia exportadora dice que debería serlo— el próximo paso lógico es que el Presupuesto deje de tratarla como anexo de energía y empiece a tener metas propias, información transparente sobre lo que cuesta el RIGI y, sobre todo, una discusión seria sobre quién pone la infraestructura que el boom necesita para no quedarse a mitad de camino.
