El eterno problema de la bolsa blanca
Hace décadas que el agro argentino convive con una contradicción enorme: tiene la tecnología genética más avanzada del mundo pero un sistema de cobro por el uso de esa tecnología que funciona más o menos como un kiosco sin cámara de seguridad. El famoso uso propio de semillas, esa práctica tan extendida como discutida, donde el productor guarda parte de lo cosechado para volver a sembrar sin pagarle regalías a quien desarrolló la variedad, sigue siendo el elefante en el medio del galpón.
Ahora bien, el Gobierno de Javier Milei decidió este lunes dar un paso. O al menos simular que lo da. La administración libertaria le presentó a las principales entidades rurales un proyecto para implementar un nuevo sistema de fiscalización de variedades autógamas, esas plantas que se autofecundan, como el trigo o la soja, y que son precisamente el corazón del conflicto histórico entre semilleros, productores y el Estado.
Una movida que esquiva la pelea grande
Lo que llama la atención de esta iniciativa no es lo que propone, sino lo que evita. El Gobierno tomó nota de algo que sus antecesores también aprendieron a los golpes: tocar la Ley de Semillas es abrirle la puerta al infierno. Cada vez que algún funcionario intentó reformar la norma de 1973, el campo se dividió en facciones, los semilleros multinacionales sacaron los tapones y las entidades rurales empezaron a discutirse entre ellas con una virulencia que hacía palidecer hasta a los debates cambiarios.
Entonces la creatividad criolla encontró otra salida: en lugar de reformar la ley, se propone crear un sistema de fiscalización que opere por los costados. La idea, en criollo, sería monitorear el uso de variedades protegidas sin necesidad de modificar el marco legal que regula la propiedad intelectual en genética vegetal. Una especie de control sin reforma, que suena bonito en los powerpoints ministeriales pero que todavía tiene que demostrar que funciona en el barro.
Las entidades, entre el aplauso y la desconfianza
La reunión incluyó a los principales actores del sector. La Sociedad Rural, Coninagro, Federación Agraria y CRA estuvieron en la mesa, junto con representantes de semilleros y del INASE, el organismo que debería ser el árbitro de todo esto pero que históricamente navegó entre la subfinanciación crónica y los vaivenes políticos de cada gestión.
Las reacciones, como suele pasar en estas cuestiones, fueron diplomáticamente ambiguas. Nadie salió a aplaudir de pie ni a tirar los tapones al techo, pero tampoco hubo portazos. El sector semillero, que viene reclamando hace años un mecanismo más eficaz para cobrar por el uso de su tecnología, vio con relativa simpatía la iniciativa. Los representantes de productores, en cambio, pusieron cara de ya veremos y empezaron a pedir detalles sobre cómo funcionaría el sistema en la práctica y, sobre todo, quién pagaría qué.
Porque ahí está la madre del borrego: fiscalizar sin que eso se convierta en una carga burocrática y económica para el productor mediano o pequeño, que ya tiene suficientes problemas encima con el tipo de cambio, los costos de flete y la presión impositiva que, paradójicamente, el gobierno libertario no terminó de bajar tanto como prometía.
El INASE y la pregunta del millón
Uno de los puntos que más inquieta a los especialistas es la capacidad real del INASE para implementar y sostener un sistema así. El organismo, que debería ser la columna vertebral de cualquier política semillera seria, viene funcionando con recursos limitados y una estructura que muchos del sector califican directamente de insuficiente.
Si el nuevo sistema de fiscalización requiere más inspectores, más tecnología de trazabilidad y más presencia territorial, alguien va a tener que poner la plata. Y en un gobierno que hizo del ajuste su bandera más cara, la pregunta de dónde salen esos recursos no tiene todavía una respuesta clara.
El negocio que está en juego
No perdamos de vista los números. Argentina es uno de los principales productores mundiales de soja y trigo. La brecha entre lo que se debería pagar en concepto de regalías por el uso de variedades protegidas y lo que efectivamente se cobra es, según estimaciones del propio sector semillero, de cientos de millones de dólares anuales. Un negocio enorme que hoy se escapa por las grietas de un sistema legal obsoleto y una fiscalización que, hasta ahora, fue más decorativa que efectiva.
Desde el punto de vista de los semilleros, poder cobrar esa diferencia implicaría tener más recursos para invertir en investigación y desarrollo, lo que a largo plazo beneficiaría al sector entero con mejores variedades. Desde el punto de vista del productor chico, cualquier mecanismo de cobro adicional es una carga más sobre una actividad que ya opera con márgenes ajustados.
La historia que se repite
Lo cierto es que este tipo de anuncios tienen en Argentina un historial bastante poco alentador. Se presentan proyectos, se hacen reuniones con las entidades, se generan expectativas y después el asunto se diluye en la negociación, en las internas del propio sector o directamente en el cajón de los pendientes eternos. Macri intentó avanzar con una reforma de la ley semillera y terminó retrocediendo ante la presión. Cristina dejó el tema en el freezer. Alberto directamente fingió que no existía.
Ahora le toca a Milei. Y la pregunta es si este gobierno que dice romper con todo lo anterior tiene realmente la vocación política y los recursos técnicos para resolver uno de los problemas más antiguos y complejos del agro argentino. O si, como tantas veces antes, el anuncio de hoy termina siendo el archivo de mañana.