INTA: el Gobierno quiere vaciar el 20% del organismo con retiros voluntarios

El Gobierno quiere que 950 empleados del INTA, el 20% de la planta, acepten retiro voluntario. El costo: 101.700 millones de pesos.

La motosierra se mete en el campo

Como si la crisis agropecuaria no fuera suficiente, el Gobierno nacional decidió que era buen momento para ponerle un moño a la destrucción del Estado y apuntar al INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ese organismo que, dicho sea de paso, es uno de los pocos que el propio sector rural defiende con uñas y dientes. Pero bueno, la coherencia nunca fue el fuerte de la gestión de Javier Milei.

Según pudo confirmar Argentina Sin Filtro, el Consejo Directivo del INTA se reunirá en las próximas horas para aprobar un plan de retiro voluntario diseñado por el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, con el visto bueno de la cúpula del gobierno libertario. El objetivo declarado es que 950 empleados, nada menos que el 20% de la planta total, acepten irse con un cheque en la mano. El costo total de la operación: 101.700 millones de pesos.

Sí, leyeron bien. Para achicar el Estado gastan cien mil millones. La lógica libertaria, señoras y señores.

Bronzovich, el hombre del momento

El nombre que aparece detrás de este plan es el de Nicolás Bronzovich, el funcionario que conduce el INTA desde que Milei llegó al poder con su mochila de motosierra y licuadora. Bronzovich viene de un perfil más ligado a la gestión privada que a la investigación científica, lo cual en este gobierno es casi un mérito en el currículum.

El plan que diseñó tiene la elegancia de siempre en estas cosas: convencer a los empleados de que se vayan solos, así el Gobierno no tiene que hacer el trabajo sucio del despido masivo y puede decir con cara lavada que nadie fue echado a la fuerza. Un clásico del manual del ajuste con guantes de seda.

Lo curioso, o más bien lo tragicómico, es que el INTA es justamente uno de los organismos que más defiende el agro argentino, ese sector que votó masivamente a Milei en 2023 pensando que el presidente iba a ser su mejor amigo. Chequen cómo les está yendo.

El campo aplaudió, ahora le tocan los investigadores

Acá vale una digresión necesaria. El sector agropecuario fue uno de los grandes entusiastas del proyecto libertario. Las pantallas de los remates, los grupos de WhatsApp de las sociedades rurales y los pasillos de la Expo Rural rezumaban mileísmo hace dos años. Bajar retenciones, desregular, achicar el Estado: el sueño húmedo del campo.

Ahora bien, cuando el Estado que se achica es el que financia a los ingenieros agrónomos, los veterinarios y los investigadores que trabajan para que la soja rinda más, que el trigo resista la sequía y que el ganado no se muera de enfermedades, la cosa cambia de color.

El INTA tiene más de 4.700 empleados distribuidos en todo el país, con estaciones experimentales en cada rincón de la geografía argentina. Es, en términos concretos, una de las herramientas más importantes que tiene el sector primario para mantenerse competitivo en el mercado global. Vaciarlo en un 20% no es ajuste, es autogol de media cancha.

Los números que nadie quiere discutir

Veamos los números con frialdad, que para eso estamos. El plan prevé gastar 101.700 millones de pesos para que 950 personas se vayan. Eso es aproximadamente 107 millones de pesos por cabeza, lo que al tipo de cambio oficial de estos días representa una cifra importante por cada trabajador que abandona el barco.

La pregunta que habría que hacerle a Bronzovich y a los muchachos de la Jefatura de Gabinete es simple: cuánto ahorra el Estado por año con esos 950 empleados menos, y en cuántos años se recupera la inversión del retiro voluntario. Porque si la respuesta supera los cinco años, estamos ante un negocio que haría sonrojar hasta a los funcionarios kirchneristas que tanto critican desde La Libertad Avanza.

Pero claro, en este gobierno los números se muestran cuando convienen y se esconden cuando no.

El sello del desguace sistemático

Este no es un caso aislado. Es parte de un patrón que se repite en organismo tras organismo desde diciembre de 2023. El CONICET sangra investigadores. El SENASA pierde técnicos. El INTI ve cómo se van los especialistas. Y ahora le toca al INTA.

La narrativa oficial es siempre la misma: hay que hacer el Estado eficiente, hay grasa en el Estado, el sector público es un nido de ñoquis. Y puede que en algunos casos haya algo de verdad en eso. Pero cuando el bisturí no distingue entre el ñoqui y el investigador con veinte años de trayectoria que sabe todo sobre la roya del trigo, el problema deja de ser quirúrgico y pasa a ser una carnicería.

Mientras tanto, el Consejo Directivo del INTA sesionará. Aprobarán el plan. Mandarán el comunicado con el eufemismo de rigor. Y dentro de unos años, cuando el campo pregunte por qué no hay técnicos que los asesoren, alguien va a tener que dar una respuesta.

Aunque para ese entonces, seguramente, Bronzovich ya estará en otra cosa.

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