El Gobierno vende al RIGI como la gran avanzada del sueño productivo argentino: la ley que iba a traer una lluvia de dólares pareja para todo el mapa federal. Dos años después de sancionada, la lluvia cayó, pero con una geografía bastante caprichosa. Según relevaciones, hay más de 20 proyectos aprobados con una inversión total de casi US$50.000 millones, y solo diez provincias se ven beneficiadas por esas iniciativas. Las otras catorce, aplaudiendo de afuera con el mate en la mano.
El ranking de ganadores es elocuente y no necesariamente coincide con quién gobierna mejor o peor. Catamarca lidera en cantidad con cinco iniciativas por US$2.844 millones, San Juan suma cuatro proyectos por US$13.510 millones, Río Negro se lleva tres proyectos que juntos totalizan US$19.356 millones y Salta completa el podio con tres proyectos por US$4.055 millones. Río Negro gana con poca cantidad y mucha plata por una razón bien concreta: ahí se construye la obra insignia del régimen.
El caño que explica todo
Se trata del Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), la megaobra que YPF construye junto con PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: 437 kilómetros que van a conectar Allen con Punta Colorada, con una inversión que ronda los US$2.486 millones y que se espera esté operativa hacia fines de 2026. Es la prueba de que el RIGI no reparte inversión productiva diversificada por el país: concentra plata en la infraestructura que necesita Vaca Muerta para sacar el petróleo por el Atlántico.
RIGI a la carta: minería importa de China y la industria mira el cielo
El otro polo de atracción es la minería del litio, con jugadores como Rio Tinto operando en tres provincias del NOA a la vez. La compañía hizo en marzo de 2026 el primer envío comercial de carbonato de litio desde su proyecto Rincón en Salta —200 toneladas con destino a Shanghái— y además avanza con el proyecto Fénix en Catamarca, que según el propio ministro Luis Caputo generará 1.143 puestos durante la construcción. En Jujuy, mientras tanto, el consorcio entre la china Ganfeng, la suiza Lithium Argentina y la estatal provincial JEMSE amplía Cauchari-Olaroz con una inversión de US$1.166 millones, el único proyecto del régimen con participación de una empresa pública provincial.
Un plazo que «nadie» iba a necesitar
El RIGI se vendió con una ventana de adhesión que parecía generosa. Sin embargo, en julio de 2026 el Gobierno dispuso prorrogar por un año el plazo para adherir, invocando que los proyectos de gran escala requieren plazos de maduración más extensos, y de paso habilitó la adhesión de proyectos costa afuera de petróleo y gas con una inversión mínima de US$600 millones. Traducido: la ley que iba a resolver todo en dos años necesitó una prórroga porque, sorpresa, las grandes inversiones no se deciden con la motosierra en la mano.
Súper RIGI: profundizando la fórmula
Con el debate trasladado al Senado, la versión ampliada del régimen —bautizada «Súper RIGI»— sube la apuesta. El proyecto establece que el impuesto a los Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50% para las inversiones alcanzadas y restringe la aplicación de otros tributos provinciales y municipales relacionados con la actividad, es decir, ata de manos a los mismos gobernadores que después van a pedirle fotos a Javier Milei.
Súper RIGI: ni sus propios aliados se lo bancaron y quedó frenado en el Senado
Desde el Observatorio del RIGI —que integran CELS y FARN— el diagnóstico es más filoso. Señalan problemas persistentes de transparencia y acceso a la información, ausencia de planificación territorial y escasas contraprestaciones en materia de empleo, agregado de valor y acción climática, además de la concentración de proyectos con impacto territorial sin mecanismos que aseguren beneficios equivalentes para las provincias y comunidades locales. Y agregan un dato que debería incomodar a cualquiera que hable de soberanía nacional: la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional desplaza la jurisdicción nacional.
La cuenta final
Nadie discute que Argentina necesita capital para desarrollar litio, cobre y petróleo. El problema es otro: un régimen que se presentó como salvación federal terminó siendo, en la práctica, un mapa de diez provincias con recursos naturales exportables y catorce que quedaron mirando el partido por televisión. El RIGI no inventó esa desigualdad territorial —la Argentina la arrastra hace décadas—, pero tampoco hizo mucho por corregirla: la profundizó con reglas que ni el propio Congreso puede tocar sin chocar contra un artículo declarado, él mismo, insanablemente nulo si lo contradicen.
