Hay una escena que se repite cada vez que se anuncia una inversión minera gigante: los funcionarios cortan cinta, hablan de «la Argentina del futuro» y prometen que la plata va a derramar sobre cada tornillería del interior. Después llega la parte incómoda, la de los pliegos de compra, y resulta que el galpón metálico lo hizo una empresa china y no el que tiene el taller a cuadras del yacimiento.
Eso es exactamente lo que está pasando con Vicuña, en San Juan, y con Rio Tinto para el proyecto Rincón, en Salta. Ambos tienen el sello RIGI, ambos prometieron desarrollo local, y ambos terminaron comprando en el exterior bienes que la industria argentina jura que puede fabricar. La revista Minería & Desarrollo fue la que destapó el dato más filoso del culebrón: el joint venture de Vicuña le adjudicó a una UTE encabezada por PowerChina una oferta de USD 52 millones para el campamento de Batidero, contra los USD 70 millones que pedía Modular Homes. Dieciocho millones de dólares de diferencia, aunque nadie tiene los pliegos completos para saber si se está comparando gallina con gallina.
El RIGI no promete lo que vos creés que promete
Acá conviene bajar un cambio, porque el escándalo tiene menos sustento legal del que parece. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones no obliga a comprar en el país: exige un plan de proveedores locales con un compromiso mínimo del 20% sobre bienes y obras, «condicionado a disponibilidad, precio y calidad de mercado». Traducido del legal al criollo: si el proveedor argentino no es más barato o no tiene la calidad pedida, la empresa puede importar tranquila y seguir cumpliendo la ley al pie de la letra.
Es decir que ni Vicuña ni Rincón están haciendo trampa. Lo que están haciendo es leer el RIGI como se supone que hay que leerlo: buscando el menor costo posible, que es literalmente el trabajo de cualquier área de compras corporativa. El problema no es jurídico, es de expectativas: el Gobierno vendió el RIGI como una máquina de generar empleo industrial argentino, y la letra chica dice otra cosa. Ya en el debate del Súper RIGI aparecen pedidos para reservar ese 20% específicamente a bienes, con un diferencial de precio del 15% admitido frente a lo importado. O sea, ni siquiera los propios legisladores confían en que la versión actual alcance.
Milei calladito, que se ve más lindo
Lo llamativo, en un gobierno que no deja pasar un cruce sin épica ni insulto, es el silencio. Javier Milei no salió a defender la compra ni a cascotear a los industriales quejosos, que suele ser su reflejo natural ante cualquier corporativismo con reclamo. Tampoco apareció una solución nacional concreta para el problema. Nada: ni gacetilla, ni tuit, ni funcionario mandado al muere en un canal de streaming.
Ese silencio tiene un costo político que no es menor. Cuando no hay ni defensa ni corrección, el mensaje que le llega al empresario pyme es que el tema no le importa a nadie en Balcarce 50, y esa indiferencia empieza a pesar más que cualquier respuesta mala. Porque acá no hablamos de un puñado de artesanos resentidos: son dos diarios grandes, Clarín e Infobae, haciéndose eco de la queja, lo cual quiere decir que el tema ya salió del rubro específico y entró en agenda político-económica general.
Los gobernadores quedan pagando el pato
Mientras la Casa Rosada mira para otro lado, quienes están parados sobre la falla sísmica son Gustavo Sáenz y Marcelo Orrego, gobernadores de Salta y San Juan respectivamente. Ellos fueron los que salieron a vender la llegada del litio y el cobre como la panacea del empleo provincial, y ahora tienen que explicarle a cada cámara empresaria y a cada sindicato de la construcción por qué el galpón se lo hicieron en China.
El detalle no es menor en año electoral: una inversión anunciada no reemplaza una orden de compra, y un taller sin pedidos no vota agradecido. La distancia entre la conferencia de prensa con casco y la góndola vacía del proveedor local es exactamente el terreno donde germina el enojo que después se cobra en las urnas provinciales.
Lo que no se dice: la diferencia entre montar y fabricar
Hay un punto que suele pasarse por alto en esta discusión y que separa el relato oficialista del relato sindical: no es lo mismo ensamblar con mano de obra argentina un bien importado que fabricarlo acá. El montaje genera empleo, sí, pero es la parte más chica de la torta. La fabricación mueve talleres, acería, ingeniería y una cadena de subcontratistas que es justamente lo que la industria local dice estar perdiendo.
Ese matiz importa porque permite entender por qué el enojo industrial no se apaga con anuncios de puestos de trabajo en el campamento. El reclamo no es «denme laburo», es «denme la fabricación», que es un pedido mucho más difícil de satisfacer con un régimen que, en los papeles, privilegia el precio por sobre el origen.
El costo de no resolver nada
Ninguna de las partes tiene apuro en modificar el RIGI, y probablemente no haga falta: el régimen puede seguir intacto y el conflicto igual escalar. Lo que se acumula es presión provincial, protestas, desgaste reputacional y, eventualmente, demoras en permisos que terminan encareciendo los mismos proyectos que el RIGI quiso agilizar.
La minería genera divisas, empleo directo y exportaciones, eso es innegable. Pero el multiplicador económico completo —salarios, impuestos, conocimiento técnico— solo se activa cuando la fabricación queda en el país. Cuando se importa lo que podría hacerse acá, ese pedazo de la torta se cocina en otro lado. Y ojo, no hay ningún dato confirmado de que haya una infracción legal en las compras de Vicuña o Rincón: la Resolución 735/2025 aprobó a Rincón y Vicuña adhirió sin sobresaltos formales al régimen.
Lo que sí hay, y eso ninguna resolución lo tapa, es una promesa electoral que empieza a sonar hueca en cada pueblo minero que todavía espera la primera orden de compra.
