Che, alguien tiene que explicarle a este Gobierno que tener mayoría en el Congreso no es lo mismo que tener el control remoto. El miércoles, en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional y Legislación General del Senado, el oficialismo se sentó convencido de que el dictamen del Súper RIGI —la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que el Ejecutivo quiere blindar todavía más— ya estaba, como quien dice, cocinado. Spoiler: no.
La sorpresa vino de donde menos se la esperaban en Casa Rosada: sus propios socios de ruta. El radical bonaerense Maximiliano Abad, el peronista no kirchnerista Carlos Espínola (Corrientes) y el jefe del PRO Martín Goerling (Misiones) se plantaron y pidieron algo que suena hasta razonable si uno lo piensa dos segundos: ampliar el criterio de «precio/calidad» para que no termine siendo, en los hechos, un mecanismo que favorezca sistemáticamente la importación por sobre el proveedor nacional. Y, para que la cosa tampoco se vaya al otro extremo, propusieron un tope: que el precio local no pueda superar en más de un 15% el de la oferta extranjera comparable, siempre en igualdad de condiciones.
Nada del otro mundo. Pero alcanzó para que el libertario Agustín Monteverde, titular de la comisión de Presupuesto, se confundiera en vivo y hablara de «cuarto intermedio» cuando en realidad no había ni dictamen ni acuerdo a la vista, un traspié que sus propios colegas tuvieron que salir a tapar rápido. Un detalle menor, pero que pinta el clima: el oficialismo llegó pensando que esto era trámite y se encontró con que ni siquiera podía juntar las firmas.
RIGIdo el Senado
Ante la falta de respaldo del Ejecutivo para negociar más, Bullrich terminó validando únicamente los cambios que ya se sabían desde hacía días: un 20% de piso para bienes locales y ciertas garantías de conexión al sistema eléctrico para las inversiones que superen los USD 1.000 millones. Es decir, lo mínimo indispensable para no quedar completamente pelada. Nada de lo que pedían Abad, Espínola y Goerling entró en el paquete.
La frase de la jefa libertaria en el Senado quedó como el resumen perfecto del método de esta gestión para negociar: «Si tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI». Traducido del bullrichés al criollo: o me lo aprueban como yo quiero, o no hay nada. Una posición cómoda para el relato de la firmeza libertaria, pero que en los hechos significa que el Senado sigue sin dictamen y que el texto, si alguna vez llega al recinto, va a tener que volver a Diputados para una segunda vuelta. O sea: más tiempo, más desgaste, más incertidumbre para los inversores que el propio Gobierno dice querer atraer con esta ley.
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Y no fue solo el trío mencionado. La macrista Victoria Huala (La Pampa) tampoco convalidó los cambios que impulsa el oficialismo, lo que deja a la Casa Rosada con un problema más incómodo que el de siempre: no alcanza con tener a la mayoría de los aliados, si en las comisiones clave alcanza con que unos pocos se planten para frenar todo.
El otro régimen que también quedó en el freezer
Como si fuera poco, el mismo día se cayó el envión de otra iniciativa hermana: el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), pensado para proyectos desde los USD 12 millones y motorizado por el propio jefe de la UCR en el Senado, Eduardo Vischi. Tampoco pudo despacharse. El propio bloque radical mostró grietas: el catamarqueño Flavio Fama le reclamó a su compañero de bancada mayores precisiones sobre el compre local, la misma discusión de fondo que trabó el Súper RIGI.
A eso hay que sumarle el condimento político: desde la oposición hubo reclamos porque, según denuncian, el oficialismo no consiguió el quórum necesario y encima metió dos reemplazos de último momento en la comisión, algo que la vicepresidenta Victoria Villarruel había prometido resolver hace semanas y que, evidentemente, sigue sin estar saldado.
La contradicción de fondo
Acá está el nudo que nadie en el oficialismo quiere nombrar en voz alta: el Gobierno se pasó gran parte de su gestión hablando de apertura, de libre mercado y de que el Estado no tiene por qué elegir ganadores. Pero cuando sus propios aliados —no la oposición dura, no el kirchnerismo, sino la UCR, el PRO y el peronismo federal que le vienen bancando leyes— le piden una salvaguarda mínima para que la industria nacional no quede pulverizada frente a la importación lisa y llana, la respuesta es un portazo. «Nos quedamos con el RIGI» no es una posición de principios, es una amenaza de todo o nada que deja en offside a la propia coalición que el oficialismo necesita para gobernar sin sobresaltos.
Mientras tanto, el RIGI original —el de siempre, sin el «Súper»— sigue vigente y operando. Así que, en el fondo, la pelea de esta semana no fue por si hay régimen de incentivos o no, sino por cuánto margen tiene el capital extranjero para pisotear al proveedor de acá. Y esa discusión, lejos de cerrarse, recién empieza.
