Dicen que en la política argentina, todo lo que tiene que salir a la luz, sale a la luz. Y lo que tiene que salir, sale. En este caso, la noticia no llegó por el canal oficial ni por una conferencia de prensa: llegó por el parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Bragado, partido del oeste del conurbano, fue detenido por venta de cocaína. Sí, leyeron bien: el partido de la desregulación total, del libre mercado y de la mínima intervención del Estado, tiene a uno de los suyos vendiendo cocaína. O sea que, al menos en Bragado, la libre competencia llegó a su máxima expresión: hasta la droga se vende sin control del Estado.
La situación, para el partido, es incómoda por varias razones. Primero, porque LLA construyó su identidad sobre la base de la «gente honesta que no se deja corromper», una narrativa que, en la práctica, se sostiene con la abstinencia total a los escándalos. Y cuando uno de los tuyos aparece con un problema con la justicia federal, la narrativa se cae como el muro de un predio de La Vega: sin aviso y con ruido. Segundo, porque en el conurbano bonaerense, donde la política se juega en la cancha local, un concejal detenido por narcotráfico no es solo una mala noticia: es una oportunidad para la oposición de hacer el cálculo político de «miren cómo están arriba, cómo estamos abajo».
Lo que en LLA esconden
El dato que nadie quiere decir en voz alta: la cocaína no es un bien de capital, pero en la política bonaerense, los negocios que se hacen con ella a veces valen más que un sueldo de concejal. Y cuando uno de los tuyos se mete en ese mundo, la pregunta no es solo «qué hizo», sino «a quién le vendía, para quién trabajaba, y si había alguien más del bloque que sabía». Es la misma pregunta que se hace en cualquier partido político argentino cuando uno de los suyos sale en una foto que no debió salir: la duda no es sobre el implicado, es sobre el entorno.
La reacción de LLA, hasta el momento, fue la reacción típica del partido: distancia. No hay un comunicado fuerte, no hay una renuncia, no hay una investigación interna. Hay silencio, que en la jerga del oficialismo significa «no lo vamos a agravar» y, en la jerga de la oposición, significa «están a la defensiva». Porque en la política bonaerense, un concejal detenido por droga no es un tema menor: es un tema que puede arrastrar al partido provincial, a la estructura local y, en el peor de los casos, a un diputado o a un intendente que, por alguna razón, no está en la foto todavía.
¿Qué se viene? Que la justicia haga su trabajo (que, como siempre en la Argentina, va a tomar su tiempo), que el partido decida si expulsa al concejal o lo deja «en suspenso» (que es la forma elegante de decir «lo vamos a mirar un tiempo»), y que la oposición de Bragado haga el cálculo de si conviene o no convertir el tema en un tema provincial. Y, sobre todo, que el LLA nacional, que está en plena defensa de su gestión y en plena campaña hacia 2027, decida si este escándalo provincial merece un minuto de su agenda. Porque en la política argentina, a veces lo más difícil no es ganar la elección: es que ninguno de los tuyos salga en el parte de la policía el domingo a la noche.