El Gobierno salió a vender la joya de la abuela y solo dos se acercaron con la billetera abierta. Esta mañana se abrieron los sobres de la primera etapa de la licitación por el 90% de AySA, la empresa que le pone agua potable y cloacas a 14 millones de personas entre la Ciudad y 26 distritos del conurbano, y de los 17 anotados en el proceso, apenas dos llegaron con oferta formal. Ni multitud ni casa llena: dos consorcios, ambos con apellido bien argentino al frente, disputándose lo que Toto Caputo calcula vender por unos US$450 millones.
El primero lo encabeza Mauricio Filiberti, más conocido en el ambiente como el Rey del Cloro por ser el dueño de Transclor, proveedor monopólico del policloruro de aluminio que AySA usa para potabilizar el agua desde 2009. O sea: el que hoy le vende el insumo clave a la empresa estatal ahora quiere comprarse la empresa estatal. Circular, prolijo, y con un aroma a conflicto de interés que ni el cloro disimula.
El combo Filiberti-Manzano-Vila, ahora con agua incluida
Por si el detalle del cloro fuera poco, Filiberti también es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control de Edenor, la distribuidora eléctrica más grande del país. Y acá viene la posta: AySA es el mayor consumidor de electricidad de todo el AMBA, es decir, el cliente más gordo que tiene Edenor. Si este consorcio se queda con AySA, el mismo grupo económico estaría de los dos lados del mostrador: vendiendo la luz y comprando la luz, fijando condiciones de un lado y del otro sin que nadie de afuera tenga mucho para decir.
Jorge Macri se reordena el escritorio mientras la Ciudad se cae a pedazos
El consorcio de Filiberti se completa con Rowing S.A., la constructora de Walter Román que dice tener más de 3000 empleados; la brasileña Arcos Saneamento, del Grupo Equipav, que aporta el respaldo técnico con antecedentes en 15 estados de Brasil; y PHX AQUA AR B.V., un vehículo financiero que suena a offshore aunque nadie lo diga con esas palabras. Todo muy prolijo en el papel, todo muy familiar en la práctica.
Roggio, el otro candidato, con la causa Cuadernos de acompañante
Del otro lado del ring está el Grupo Roggio, que en materia de agua y saneamiento no es ningún improvisado: ya opera Aguas Cordobesas con más de 560.000 usuarios y Aguas de Corrientes desde 1991. A eso le suma el subte porteño y el Urquiza a través de Metrovías, así que la experiencia en manejar servicios públicos con la gente furiosa la tiene de sobra. El detalle que nadie va a mencionar en la gacetilla es que su histórico líder, Aldo Roggio, está procesado en la causa Cuadernos, donde se presentó como arrepentido y admitió haber pagado coimas. Que quede claro: no es que lo digamos nosotros, está en el expediente judicial.
Para esta jugada puntual, Roggio sumó el aval técnico de la israelí Mekorot y del japonés Marubeni —a través de Aguas Nuevas—, además de participar en la construcción simultánea de siete plantas y kilómetros de redes en Argentina, Perú y Paraguay. Es, sin dudas, el jugador con más currículum genuino en el rubro. Pero currículum y prontuario judicial no son mutuamente excluyentes, y en la Argentina de las privatizaciones eso rara vez fue un obstáculo para cerrar un contrato.
AySA, un activo duro de roer
Lo que más llama la atención no es quiénes se presentaron, sino quiénes no. En los 90, cuando se privatizó por primera vez, la concesión quedó en manos de la francesa Suez, un operador internacional puro y duro. Treinta años después, en 2026, los extranjeros que aparecen —Arcos, Mekorot, Marubeni— entran como socios técnicos o financieros de grupos locales, nunca al frente. Es el mismo patrón que se repitió en toda la privatización: en Citelec compitieron solo grupos argentinos, las hidroeléctricas del Comahue quedaron en manos nacionales y Metrogas la compró Edenor. El capital extranjero mira la Argentina con un ojo puesto en la salida.
Esto no es casualidad ni patriotismo empresarial recién descubierto: es que ningún operador internacional serio quiere poner su nombre y su capital en un país donde las reglas cambian cada diez años según quién gobierne. AySA fue privatizada en 1993, reestatizada por Néstor Kirchner en 2006, y ahora vuelve a manos privadas bajo Javier Milei. El próximo dueño, sea Filiberti o Roggio, va a tener que invertir US$1940 millones en los primeros cinco años y US$15.040 millones en tres décadas. Ojalá alguien le explique al ganador que en la Argentina, treinta años es una eternidad geológica en términos de estabilidad regulatoria.
Lo que sigue: ahora empieza lo turbio de verdad
Con los sobres abiertos, ambas ofertas pasan a evaluación técnica. Recién los que aprueben ese filtro van a poder presentar oferta económica, y ahí sí se define todo por plata: gana el que más pague, sin piso ni techo fijado en el pliego. Es decir que todavía falta la parte donde realmente se negocia, se lobbea y —si la historia argentina sirve de guía— se filtran llamados incómodos entre funcionarios y empresarios.
Mientras tanto, los 14 millones de usuarios de AySA —vos, probablemente, si vivís en el AMBA— vamos a seguir pagando la factura sin que nadie nos pregunte si preferimos que el agua la controle el tipo que también nos vende el cloro y la luz, o el que tiene un pasaje directo a Comodoro Py. Bienvenidos al menú de opciones que nos dejó el capitalismo de amigos, versión 2026, con etiqueta ecológica y sabor a privatización de manual.
