Hay una escena que resume bastante bien la era Jorge Macri: un decreto firmado el 2 de septiembre que rige, por arte de magia administrativa, desde el 1° de agosto. El Decreto 306/26 reordena de arriba abajo la estructura del Gobierno porteño —Vicejefatura, Jefatura de Gabinete, diez ministerios y cinco secretarías— y lo vende como un hito de «modernización de procesos administrativos». Suena a gestión seria. Es, en rigor, el género favorito de esta administración: la reforma que no se ve, no se toca y no repara una vereda.
Según los fundamentos oficiales del decreto, la medida busca optimizar el funcionamiento del Gobierno, fortalecer la coordinación de competencias y adecuar las áreas tras la eliminación de gerencias y subgerencias operativas dispuesta meses atrás por el Decreto 259/26. Traducido del gacetillés: se sacaron cargos intermedios, ahora hay que decirle a cada ministerio dónde quedó cada función, y a eso se lo llama plan estratégico.
No hay nada intrínsecamente malo en reordenar una estructura estatal después de podar gerencias. El problema es el contraste: en una ciudad que concentra buena parte del PBI del país, con un subte que corta servicio cada dos por tres, un espacio público que se degrada barrio por barrio y una crisis habitacional que no da tregua, la gran novedad de la gestión es un decreto sobre responsabilidades primarias, objetivos y acciones de unidades administrativas. Es la clase de anuncio que en cualquier municipio del conurbano pasaría inadvertido, pero que en la Ciudad más rica del país se presenta como gesta transformadora.
La gestión que confunde gerencia con gobierno
Jorge Macri llegó al sillón de Uspallata con el sello familiar y la promesa implícita de administrar la Ciudad con la eficacia de una empresa bien aceitada. Lo que entregó, hasta ahora, es la lógica inversa: la de un gerente de RRHH obsesionado con el organigrama de su propia oficina mientras el edificio se cae a pedazos alrededor. Reorganizar áreas, fusionar secretarías y redibujar competencias es tarea de gestión interna, no un proyecto de ciudad. Y confundir una cosa con la otra es, exactamente, la mentalidad municipal aplicada a una metrópolis de más de tres millones de habitantes.
Mientras tanto, la agenda pública que sí logra instalar el jefe de Gobierno tiene un patrón curioso: seguridad, okupas, operativos mediáticos. Son temas legítimos, sin duda, pero no son estrictamente competencia porteña en su núcleo duro —la seguridad federal y buena parte del entramado judicial responden a otras jurisdicciones— y funcionan como excelente cortina de humo para no hablar de infraestructura, vivienda o transporte, que sí son responsabilidad directa del Ejecutivo porteño. Es más fácil salir en cámara anunciando el desalojo de un edificio tomado que mostrar una obra terminada.
Retroactividad, el sello de Jorge Macri
Otro detalle que llama la atención del Decreto 306/26 es su vigencia retroactiva al 1° de agosto, pese a estar firmado recién el 2 de septiembre. No es un dato menor: significa que durante todo ese mes el Gobierno porteño operó, administrativamente hablando, en un limbo normativo, con gerencias ya eliminadas por el decreto anterior pero sin la nueva estructura formalmente vigente.
Es el tipo de práctica burocrática que cualquier auditor externo miraría con una ceja levantada, aunque en el universo de los decretos porteños pase como trámite de rutina.
El decreto fue refrendado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo Piragine, y por el jefe de Gabinete, Manuel Sánchez Zinny, y delega en la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto la tarea de instrumentar los cambios. Todo prolijo, todo institucional, todo absolutamente irrelevante para el vecino que espera hace meses que arreglen el bache de la esquina.
Show, gestión y la diferencia que nadie explica
La gestión de Jorge Macri tiene un problema de fondo que ningún organigrama resuelve: la confusión sistemática entre comunicar y gobernar. Cada anuncio de seguridad, cada operativo contra ocupaciones ilegales, cada spot institucional funciona como sustituto de la obra pública que no aparece. Se gestiona la percepción con la misma intensidad con la que no se gestiona el subsuelo de la Ciudad.
No hace falta ser kirchnerista, libertario ni macrista de la línea original para notar la asimetría: mientras la City reclama semáforos que funcionen, cloacas que no colapsen con la primera lluvia y un plan de vivienda que no dependa de la especulación inmobiliaria, el Ejecutivo porteño destina energía política a rediseñar su propio organigrama y a mantener encendida la agenda de seguridad como show permanente. Es gestión de despacho, no de ciudad. Y la diferencia, tarde o temprano, se nota en la calle —literal— no en el Boletín Oficial.
