Duró apenas cinco días. Lo que el Gobierno nacional definió como un acto de estricta justicia territorial —darle a Mendoza el 100% de las regalías de Los Nihuiles porque, decían, el agua que genera esa energía corre toda por suelo cuyano— terminó frenado por un juez federal de Santa Rosa antes de que Alfredo Cornejo pudiera cobrar el primer peso. El decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo, quedó en pausa. La Pampa, que venía cobrando su mitad desde 1973, respira. Por ahora.
El fallo es de Juan José Baric, juez federal de La Pampa, y hace lugar a una medida cautelar interina pedida por el gobierno de Sergio Ziliotto para el caso de Los Nihuiles. Suspende los artículos 3° y 4° del decreto, que eran justamente los que le sacaban a La Pampa el 50% que venía percibiendo del complejo hidroeléctrico. La resolución no dice quién tiene razón en el fondo del asunto —eso lo va a definir la Corte Suprema, que ya tiene el tema del Atuel sobre la mesa hace años—, pero mientras tanto restablece el statu quo: reparto por mitades, como marcaba el viejo decreto 1560/73.
Un round más de una pelea que tiene más de cinco décadas
Para entender por qué un decreto de Milei sobre regalías hidroeléctricas terminó en un tribunal federal en cuestión de días, hay que remontarse al fondo de la cuestión, que no es económico sino hídrico: el río Atuel. Mendoza y La Pampa se pelean por ese caudal desde hace más de medio siglo, y las regalías de Los Nihuiles siempre fueron la cara visible —y cobrable en pesos— de una disputa territorial mucho más profunda.
En 1973 un decreto nacional le reconoció a La Pampa el derecho a la mitad de esas regalías, «sin perjuicio de lo que pudiera surgir de estudios más profundos», según la letra de la norma. Mendoza nunca estuvo conforme y lo peleó por vía administrativa y judicial durante décadas, sin éxito. En 1992 ambas provincias firmaron un acuerdo interjurisdiccional —homologado por la Corte Suprema— donde Mendoza y la Nación se comprometían a seguir pagándole a La Pampa esas regalías, aunque con la salvedad de que todo podía cambiar «sin perjuicio» de futuras normas o fallos judiciales. Esa cláusula de salvedad es, treinta y cuatro años después, la que el Gobierno de Milei usó como argumento para voltear todo el esquema.
El timing, que nunca es casualidad
Acá está el dato que más incomoda a cualquiera de los dos lados: el decreto 982/2026 se publicó el 11 de septiembre, apenas catorce días después de que la Corte Suprema tomara una decisión previa sobre el mismo litigio de fondo (el que sigue abierto sobre el Atuel). Para La Pampa, ese timing no es inocente: el Ejecutivo nacional modificó hacia adelante un régimen cuya validez la propia Corte todavía está discutiendo. Es, en criollo, adelantarse a jugar la carta antes de que el árbitro pite el resultado del partido.
El Gobierno nacional, claro, lo presentó distinto: como el fin de «un régimen injusto», en palabras que reprodujo la prensa mendocina sobre los dichos de Cornejo. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, fue un paso más allá y planteó que la provincia le reclamará a La Pampa el retroactivo de todas las regalías compartidas desde 1973 hasta ahora. El número que circula es una vieja estimación de 2022 —US$ 680 millones— que la propia funcionaria admitió que habrá que actualizar, así que tomalo como lo que es: una cifra de otra época, no una factura lista para cobrar.
Milei, el federalismo a la carta
Ahí aparece la contradicción que nadie en la Casa Rosada quiere nombrar en voz alta. El Gobierno que se presenta como el gran defensor de la autonomía provincial y la eliminación de privilegios distribuidos «a dedo» desde Nación resolvió, con un decreto y sin pasar por el Congreso, sacarle a una provincia un ingreso que cobraba desde hacía 53 años y dárselo íntegro a otra. No hubo ley, no hubo debate parlamentario: hubo firma presidencial y ministerial, publicación en el Boletín Oficial, y a otra cosa.
Que Javier Milei elija resolver por decreto una disputa federal de este calibre —con una causa abierta en la Corte Suprema sobre el mismo objeto— dice bastante sobre cómo entiende el federalismo este Gobierno: como una virtud discursiva cuando conviene y como un obstáculo administrativo cuando no. Cornejo, aliado político de Milei y gobernador de una provincia que necesitaba una buena noticia fiscal, se llevó el gesto. Ziliotto, que no pinta para aliado de nadie en el Gobierno nacional, se llevó el faltante. La Justicia, al menos por ahora, le devolvió la billetera a La Pampa.
Qué sigue para Los Nihuiles
La cautelar de Baric es «interina», que en criollo judicial quiere decir que dura hasta que se resuelva la cautelar de fondo, no hasta que termine el conflicto. El tema real —a quién le corresponden las regalías de Los Nihuiles para adelante— sigue sin resolverse y probablemente termine, como casi todo lo del Atuel, en el escritorio de la Corte Suprema. Mientras tanto, Mendoza se quedó sin la plata extra que ya daba por cobrada, La Pampa recuperó el chorro que temía perder, y el Gobierno nacional aprendió —o debería— que en la Argentina federal ni los decretos presidenciales le ganan de arranque a un juez de primera instancia con jurisdicción territorial de su lado.